La Asociación Nacional de Informadores de la salud (ANAIS) publicó recientemente nada menos que un “Manifiesto por una comunicación responsable en vacunación”. Si uno quiere hacerse una idea sobre su objetividad no tiene más que echar un vistazo a su página web y ver sus socios “protectores “ y “ colaboradores”. De la misma forma que, si revisan las entidades que avalan y colaboran el citado manifiesto, puede comprobar que no son otras que Sanofi Aventis MSD y GSK ( fabricantes de Gardasil y Cervarix, las dos presentaciones comerciales de la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH). En este sentido no estoy más que cumpliendo una de las recomendaciones de su “manifiesto” , que anima a “conocer los vínculos entre las fuentes de información y quienes las promueven, así como desvelar su identidad si fuera pertinente para su correcta interpretación”. Y mi interpretación al respecto es que la presencia de ambas empresas invalida la posible fiabilidad del manifiesto, simplemente por sus evidentes conflictos de interés. Pero eso no parece que preocupe lo más mínimo a la ANAIS.
Otra de sus recomendaciones habla de “lograr altas coberturas en vacunación entre los profesionales sanitarios constituiría un ejemplo para la población”. Parece deducirse que de lo que se trata es de que los profesionales se vacunen, da igual de qué. Implícitamente da a entender que las vacunas son siempre buenas, efectivas y seguras. La cuestión del coste no debería tenerse en cuenta,puesto que “los argumentos de tipo clínico deben diferenciarse de otros como los económicos para evitar la confusión en la audiencia”.
Sin embargo las autoridades sanitarias españolas si han empleado con reiteración estos argumentos (económicos) para justificar la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 (que modifica radicalmente los sujetos con derecho a prestación sanitaria y la cartera de servicios a la que éstos pueden tener acceso) , así como todas las medidas de recorte y racionamiento que han ido introduciendo los diferentes servicios de salud. Parece que las vacunas quedan fuera del debate político, admitido de manera unánime que siempre son seguras y efectivas, y que en estos casos “el dinero no importa” . Como ejemplo de ello el último Consejo Interterritorial aprobó un nuevo calendario de vacunación unificado para todas las comunidades autónomas, que incluye la vacunación a todas las adolescentes españolas contra el VPH.
En el lejano noviembre de 2007 se constituyó una plataforma de profesionales sanitarios, promovida por Carlos Alvarez- Dardet , a la que se adhirieron más de 8.000 ciudadanos, ( entre los que se encontraba más de la mitad de los catedráticos de salud pública de España), y en la que se solicitaba una moratoria en la inclusión en el calendario de vacunaciones de la citada vacuna, ante la ausencia de evidencias indiscutibles respecto a su efectividad, seguridad y coste-efectividad. De las autoridades sanitarias solo se obtuvo silencio. La industria farmacéutica por su parte utilizó una interesante campaña publicitaria (con la ayuda cómplice de algunas sociedades científicas) , para fomentar su uso, a través de las redes sociales , la difusión viral en Internet y la comunicación boca-oreja ( formapartedelahistoria.org y cuentaselo.org) , cuyo cenit (muy a lo Bigas Luna en Huevos de Oro) fue la construcción de un monumento que representaba el fin del cáncer de cuello de útero.
Las razones para aquella solicitud de moratoria siguen estando presentes. La revisión que sobre el tema realizó Juan Gervas sobre la cuestión en 2008 sestá plenamente vigente.La semana pasada Enrique Gavilán revisaba de nuevo la cuestión en el blog de Miguel Jara. El propio Miguel publicaba hace unos días que, hasta el momento, y solo en Estados Unidos se han pagado cerca de 6 millones de dólares en compensaciones por los daños causados por la vacuna contra el VPH , a un total de 49 personas. Otras 92 están pendientes de resolver de un total de 200 casos presentados. En España el análisis de los efectos adversos de esta vacuna no existe. Uno no tiene más que intentar notificar un posible caso de efecto adverso para comprobarlo.
Se desconoce cual es la relación entre coste y efectividad de la vacuna entre otras razones porque desconocemos la efectividad de la misma a largo plazo, la duración de la inmunidad que pudiera producir y la historia natural de la enfermedad. Brisson en el CMAJ estimaba que a partir de una efectividad inicial del 95% , con solo una disminución de un 3% anual de la protección vacunal se precisaría vacunar a 9080 mujeres para prevenir un caso.
Dadas las dudas sobre su necesidad, efectividad, seguridad y elevado coste, en pocas intervenciones estaría más indicada la retirada de la cartera de servicios y su financiación pública. Si embargo el acuerdo de las autoridades al respecto es total. La repercusión y debate sobre la decisión del Consejo Interterritorial de una decisión de esta importancia, nula. Algo huele a podrido en el negocio de las vacunas.
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